Las Monjas también han sufrido abuso sexual de curas

SANTO DOMINGO.- Una conspiración del silencio. Curas y hasta obispos que abusan sexualmente de monjas. Les obligan a tomar píldoras anticonceptivas y hasta les exigen abortar si quedan embarazadas.
Documentos escritos por religiosas dicen que hay cientos de casos de curas que violaron a monjas. El Vaticano dice que la cuestión se limita a África, pero los informes hablan de casos detectados en 23 países.
Esto forma parte de los documentos que hicieron estremecer los cimientos del Vaticano en el año 2001, cuando salieron a la luz pública los escándalos por abusos sexuales publicados en cuatro informes presentados a las autoridades de la Santa Sede, como denuncia del fenómeno.

Julio Algañaraz, corresponsal en Ciudad del Vaticano del periódico Clarín, de Argentina, en crónica fechada el 3 de marzo de 2001, relata que, ante el escándalo, el portavoz del entonces Papa Juan Pablo II, Joaquín Navarro Valls dijo en declaración oficial que “el problema es conocido y está restringido a un área geográfica delimitada. La Santa Sede está tratando la cuestión en colaboración con los obispos, las uniones de Superiores Generales y la Unión Internacional de Superiores Generales”.

Según refiere Algañaraz, los informes revelan que los casos denunciados son centenares. Los cuatro documentos fueron publicados en la ciudad estadounidense de Kansas, en el National Catholic Report, un conocido semanario que los incluyó en su versión de Internet.

El Vaticano, hasta la fecha, que se sepa, no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra los culpables, que al parecer no son pocos, mientras ha mantenido un secreto absoluto sobre la denuncia.

El periódico La Jornada, de México, publicó el 16 de marzo de 2001 el informe denuncia, de sacerdotes que exigieron a monjas favores sexuales a cambio de permitírseles trabajar en una diócesis, donde es frecuente el número de embarazos entre las religiosas como resultado de esas relaciones forzadas.

También, la amenaza de expulsión de la congregación en los casos de no acceder al aborto.

El periódico La Jornada se refiere a un informe elaborado por la coordinadora del programa contra el sida de Caritas International, y denuncia que los curas recurren a las monjas para obtener sexo con “garantías sanitarias”, como prevención al contagio con el sida.

La organización internacional documenta abusos sexuales contra las religiosas en países como los Estados Unidos, Irlanda, Italia, Kenia, Nigeria, Filipinas, Colombia, Brasil, República Democrática del Congo y Burundi, entre otras naciones.

Pero la agencia española EFE, en información fechada en Ciudad del Vaticano, en 2001, dice que la Santa Sede confirmó la existencia de abusos sexuales a religiosas por parte de sacerdotes y misioneros en 23 países.

La noticia se hizo pública tras conocerse un informe de la religiosa estadounidense Mary O’Donohue, sobre centenares de casos de violación a religiosas por sacerdotes y misioneros. El documento, según la agencia, fue entregado en El Vaticano en 1997 y su destinatario fue el cardenal español Eduardo Martínez Somalo, quien creó un grupo de trabajo para estudiar los espeluznantes casos denunciados.

La religiosa O’Donohue, quien denunció la violación sistemática, revela en su informe casos de aspirantes a monjas que fueron violadas por curas y otros religiosos que posteriormente acudieron a “médicos de confianza” de hospitales para efectuar abortos a monjas y jovencitas que habían dejado embarazadas.

“Incluso se denuncia la historia de un cura que obligó a una monja a la que había violado, a abortar, ésta murió durante la intervención y el sacerdote ofició, sin remordimiento alguno, la misa del funeral por la fallecida”, refiere la información de EFE.

Peor aún, O’Donohue denuncia que las monjas eran obligadas a tomar la píldora anticonceptiva y que se dieron casos de comunidades formadas por una veintena de monjas, en las que todas quedaron embarazadas.

En la actualidad, un enfrentamiento por posiciones a favor y en contra de la despenalización del aborto enciende la polémica en la sociedad dominicana, desde siglos sojuzgada por el influjo y ordenanzas de la Iglesia Católica, que se muestra contraria a la modificación de la ley.

Una posición radical y ultraconservadora que, conforme la propia historia, se aplica solamente al común de las mujeres, ésas que ante un embarazo no deseado, no les queda más alternativa que acudir clandestinamente a un centro de “salud”, en condiciones higiénicas deplorables para interrumpir un embarazo en circunstancias que ponen en peligro su salud y su vida.

Ivonne Ferreras